“Esfuerzo colectivo en tiempos de crisis: una visión futurista en puntillismo.” Imagen generada por IA con DALL·E, OpenAI, 2025

Por: Monica Trigo Torrelio

LA ESTABILIDAD LABORAL Y REESTRUCTURACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

En medio de la compleja crisis política, social y económica que actualmente atraviesa Bolivia, caracterizada por la inflación y la escasez de dólares, todos los bolivianos, sin importar su nivel socioeconómico o su actividad laboral, enfrentan grandes dificultades. Emprendedores, empleadores y trabajadores luchan día a día para mantener la estabilidad y proteger el bienestar de sus familias, buscando las mejores formas de adaptarse a esta realidad.

Los emprendedores deben apelar a su creatividad para aumentar las ventas; los trabajadores dependientes tienen el desafío de demostrar su importancia para la empresa y así proteger su empleo; y los empleadores deben equilibrar sus intereses y los de su negocio con la obligación de respetar los derechos laborales y beneficios sociales de sus trabajadores, una obligación que claramente no pueden dejar de cumplir. 

El presente artículo analiza las estrategias y herramientas legales que las empresas privadas pueden utilizar para superar esta crisis y evitar cierres temporales por falta de utilidades o incluso la quiebra. Todo esto, siempre respetando la estabilidad laboral, un derecho fundamental que protege al trabajador de despidos arbitrarios y que está sustentado en diversas normas nacionales e internacionales.

¿Qué es la estabilidad laboral?

La estabilidad laboral es el derecho que tienen los trabajadores de conservar su empleo, salvo que exista una causa legal para terminar la relación laboral. En Bolivia, este derecho está protegido por varios instrumentos legales como el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley General del Trabajo (LGT) y su reglamento, la Resolución Ministerial N° 431/21, entre otras normas complementarias.

No obstante, en el contexto descrito en los párrafos iniciales de este artículo, surgen preguntas clave:

– ¿Cómo pueden las empresas garantizar la estabilidad laboral en medio de una crisis económica profunda? 

– ¿Qué mecanismos existen para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales? 

– ¿Cómo se evita el cierre de la empresa que ocasionará dejar sin trabajo a todos sus empleados?

La reestructuración como opción

Uno de los posibles escenarios que sirve de respuesta a esas preguntas y que ha sido analizado por algunos especialistas en Derecho Laboral, es la “reestructuración”, comprendida como una estrategia que modifica la estructura, funciones y procesos de la empresa para adaptarse a cambios externos y enfrentar desafíos.

La reestructuración puede generar ansiedad e incertidumbre en los trabajadores sobre el futuro de su empleo, pero no debe implicar despidos arbitrarios ni la vulneración de sus derechos laborales. Por el contrario, la intención debe estar en garantizar la existencia de la empresa, que también es importante para la situación económica- impositiva del país y evitar un colapso que dejaría a todos sin una fuente de ingresos. 

Existen medidas de reestructuración no agresivas y temporales como ajustes en jornadas laborales o reasignación de funciones, que buscan preservar la mayor cantidad de empleos posible y la continuidad del negocio, esperando su recuperación.

Es fundamental que estas medidas se apliquen con transparencia y diálogo entre empleadores y trabajadores, y cuando existan, con los sindicatos, siempre respetando la normativa laboral vigente.

Es por todo esto, que profesionales especialistas en derecho laboral recomiendan anticiparse y planificar de la mejor forma la reestructuración, lo que significa: revisar el marco legal, evaluar alternativas como reducción temporal de sueldo o de horas trabajadas para bajar costos, considerar la tercerización, apostar al diálogo social, determinar un plan de comunicación transparente que genere confianza y, finalmente, y muy estratégico, establecer una buena diplomacia sindical

Marco legal de protección al trabajador

La normativa boliviana únicamente permite la terminación del contrato laboral por causales justificadas, establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su Decreto Reglamentario. Entre las causas citadas en el artículo antes mencionado, específicamente en el inciso e), está el “Incumplimiento total o parcial del convenio, del contrato de trabajo o del reglamento interno de la empresa.”, que es una herramienta favorable para que el empleador pueda mantener disciplina y orden en la empresa.

Enfrentar una reestructuración transparente y justa, conlleva a que las empresas cuenten con reglamentos internos que determinen específicamente cuáles son los derechos y obligaciones tanto para empleadores como trabajadores, además de fomentar un ambiente organizado y justo. De existir trabajadores que incumplan con tales reglamentos, con una gestión cuidadosa y asesoramiento legal pertinente, el empleador está en la posibilidad de despedir trabajadores evitando contingencias y litigios laborales costosos. 

La aplicación exige una extrema cautela, una sólida base probatoria y el estricto cumplimiento del debido proceso para que el retiro sea legal y justificado.

Reestructuración por fuerza mayor, una vía necesaria en crisis

Asimismo, otro concepto que ha tomado relevancia desde la pandemia del COVID-19 es la reestructuración laboral por fuerza mayor, que ocurre cuando el empleador se ve obligado a modificar drásticamente sus estructuras, operaciones y número de trabajadores a causa de un imprevisto inevitable e insuperable, constatando la imposibilidad definitiva que escapa completamente a su control. 

Hoy, la crisis actual del país representa un escenario similar, donde algunas empresas enfrentan cargas económicas extremadamente difíciles que complican continuar con las operaciones laborales en condiciones habituales.

Si bien no es aplicable en todos los casos, las empresas que están imposibilitadas de continuar bajo las mismas condiciones que trabajaban antes, están comenzando a demostrar en la vía judicial pérdidas comprobadas, iliquidez o la imposibilidad de mantener su nivel de operaciones y  la posibilidad del cierre definitivo. Será competencia de las autoridades competentes quienes en base sus propios criterios los que determinaran si está causal es válida para una reestructuración temporal o definitiva sin dejar de velar por los derechos de los trabajadores.

Conclusiones

La crisis económica y social que atraviesa Bolivia, caracterizada por escasez de divisas, problemas de abastecimiento de combustibles, inflación y un clima de incertidumbre, plantea un desafío para el sector empresarial y, por ende, para la estabilidad laboral. Se exige a las empresas tener la capacidad de adaptación. 

Es aquí donde las reestructuraciones no agresivas y temporales emergen como una vía de escape estratégica. Entre ellas destacan medidas como la reducción consensuada de jornadas y salarios, las suspensiones temporales de contratos bajo autorización ministerial, o las vacaciones colectivas.

Estas soluciones buscan un equilibrio entre proteger los derechos laborales fundamentales y mantener la viabilidad de las empresas para evitar cierres masivos que dejarían sin empleo a muchos bolivianos.

La Ley provee el marco legal, pero la coyuntura demanda diálogo, flexibilidad y un compromiso conjunto entre empleadores, trabajadores y el Estado para superar la crisis juntos.